Adoptada por la 45ª Asamblea Médica Mundial Budapest, Hungría, Octubre 1993

Los médicos tienen el deber ético y la responsabilidad profesional de velar por los intereses de sus pacientes en todo momento.

Si el médico descubre una situación que pueda afectar la salud del paciente, es su deber informar a las autoridades, de modo que se tomen las medidas necesarias para remediar dicha situación.

Si las autoridades responsables se niegan a tomar medidas, ellas deben dar a conocer las razones de su decisión al médico que informó de la situación. Si no dan razones o si éstas no son convincentes, el médico en cuestión tiene el deber de tomar otras medidas.

Dichas medidas pueden entrar en conflicto con ciertas cláusulas confidenciales en el contrato del médico, lo que crea en consecuencia dilemas sociales, laborales y éticos para el médico.

Cuando el presupuesto para la atención médica es limitado, las medidas presupuestarias restrictivas crean el conflicto entre el médico y las autoridades, que las aplican a los servicios de atención médica apropiados y necesarios.

Los administradores del servicio de salud son responsables de poner en práctica las políticas de gobierno y se les puede pedir que tomen decisiones con las cuales los médicos pueden estar en desacuerdo. Los que se oponen a las políticas de gobierno sobre atención médica y su puesta en práctica por los administradores, deben dirigir sus críticas a los que toman las decisiones de políticas o medidas de puesta en práctica, que se considera que no son satisfactorias.

Se deben establecer mecanismos aceptables mutuamente, a través de los cuales los médicos puedan expresar sus preocupaciones por los pacientes o por la salud pública, sin violar las cláusulas de un contrato.

Estos mecanismos deben formar parte de los contratos de los médicos. Estos deben reconocer que las obligaciones éticas del médico pasan por encima de las obligaciones contractuales relacionadas con el empleo.

Se pueden presentar dificultades específicas cuando los médicos sospechan que se toman decisiones administrativas por razones infundadas, como religiosas, raciales o de prejucio sexual, o por ganancias económicas. También cuando se realiza una investigación clínica sin la consideración y supervisión éticas apropiadas.

Cuando se produce dicha situación, los comentarios adversos de los médicos pueden parecer difamatorios en algunas jurisdicciones y de hecho pueden ser así. Los médicos deben dirigir sus preocupaciones específicas sobre esos asuntos a un foro profesional adecuado, como el organismo de la jurisdicción donde están inscritos.