En la última sesión del Consejo Nacional, se aprobó el informe en que se expresa el desacuerdo del Gremio con la iniciativa, pues no da resguardos necesarios para un tratamiento adecuado, seguro y basado en la evidencia, y con potenciales efectos negativos conocidos. El texto detalla los argumentos técnicos y científicos que respaldan esta postura, además de entregar algunas propuestas de políticas públicas para los pacientes que buscan el alivio de sus problemas de salud en el consumo de esta planta.
El día 7 de enero de 2019, se inició en la Comisión de Salud del Senado la discusión del proyecto de Ley que busca incorporar y regular el uso medicinal de productos derivados de cannabis. La iniciativa busca modificar el Código Sanitario en su artículo 98 bis, modificando las regulaciones que la Ley 20.000 hace sobre la Cannabis y sus productos derivados en sus artículos 8, 9 y 50. En este sentido, el principal cambio sería permitir que las personas siembren, planten, cultiven o cosechen cannabis, requiriendo para esto la sola autorización de un médico a través de la receta, sin necesidad de la autorización por el Servicio Agrícola y Ganadero.
No obstante, Cannabis y sus derivados, siguen estando en los listados de regulación más estricta dentro de las Convenciones Internacionales que regulan el control de los estupefacientes y psicotrópicos, respectivamente. Además, la planta de marihuana completa o no procesada no tiene aprobación en ninguna agencia de control de estupefacientes del mundo para uso medicinal. Ningún país europeo ha aprobado el autocultivo para uso medicinal, ya que a través de esta medida resulta muy difícil el control de los componentes y calidad de lo cultivado, así como el uso que se le dará a la planta (sobretodo preocupa el uso recreacional o inhalado).
Se estima que el 2016 alrededor de 192 millones de personas entre los 15 y 64 años consumieron marihuana. Entre un 9% y un 30% de estos consumidores tiene un trastorno por consumo de marihuana. Asimismo, es la droga principal en un número importante de las personas que entran a un tratamiento por adicciones, conllevando una carga importante para las personas y la sociedad, desde una perspectiva sanitaria y económica.
La evidencia científica disponible hasta la fecha describe una serie de daños directos e indirectos que pueden aparecer con el consumo de la planta de marihuana, así como de sus componentes aislados. Si bien el riesgo es mayor en ciertos grupos, como niños, adolescentes y personas con vulnerabilidad genética para trastornos psiquiátricos graves, como la esquizofrenia, se puede dar en cualquier persona y a cualquier nivel de consumos.
Recientemente, la fundación Epistemonikos (base de datos colaborativa para la búsqueda de evidencia en salud, sin fines de lucro y sin nexo con la industria farmacéutica), trabajó para sintetizar toda la evidencia existente sobre los efectos del uso medicinal del cannabis y sus derivados, siendo la revisión sistemática mundial más exhaustiva realizada hasta la fecha. De acuerdo a los resultados obtenidos concluye que: “En base a la investigación científica existente, es posible concluir que no existe ninguna condición en la cual los beneficios derivados del uso de cannabis o productos derivados sean superiores a sus efectos adversos y riesgos”.
Es por eso que a través de este documento, “el Colegio Médico declara que no estamos de acuerdo con el proyecto de Ley discutido, ya que no da los resguardos necesarios para otorgar un tratamiento adecuado, seguro y basado en la evidencia, para las personas que buscan en la marihuana la solución a un problema de salud no resuelto por el sistema de salud”. En esta línea, agrega que “no estamos dispuestos a indicar sustancias cuyos potenciales efectos negativos sobre la salud son conocidos, sin el respaldo de pruebas de eficacia, seguridad y calidad necesario para hacerlo de manera responsable y respetando los principios éticos básicos que nos exige nuestro quehacer profesional, como tampoco estamos dispuestos a ser un medio para la legalización de facto de una sustancia sabidamente nociva para la salud de la población”.
Igualmente, sugiere no comprometer a los médicos a recetar un conjunto de sustancias de las cuales no se saben sus composiciones, su utilidad clínica y la cual presenta riesgos conocidos y propone, en cambio, trabajar junto a las Sociedades Científicas y MINSAL un plan para cubrir efectivamente la necesidad de las personas con epilepsia refractaria y otras enfermedades neurológicas, basándonos en las medidas terapéuticas que sabemos que son efectivas y seguras; y un plan para garantizar el acceso a cuidados paliativos no oncológicos, que incluya cobertura de oportunidad y financiera; trabajar en conjunto con SENDA y el MINSAL, mejores medidas de regulación y control, de modo de proteger del consumo de esta sustancia a poblaciones vulnerables, como son nuestros niños y adolescentes; además de políticas de prevención efectivas, en línea con los estándares internacionales de la prevención y el tratamiento de Naciones Unidas (UNODC y OMS) y mejorar la educación que se entrega a la población y los médicos en formación sobre el tema, de modo de tomar mayor conciencia sobre el riesgo de la disminución de la percepción de riesgo y del uso indiscriminado de esta droga.
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